Este martes, el secretario Jurídico de la Presidencia envió un documento de seis páginas a la corte. En el texto, solicita que se revoque la decisión, argumentando que la corte no tiene la autoridad para definir políticas de seguridad. Según él, esa responsabilidad corresponde únicamente al presidente.

El gobierno considera que la creación de esa comisión es ilegal. Asegura que los magistrados no pueden supervisar un estado de excepción que ya ha finalizado. La semana pasada, la corte recordó al presidente Noboa que sus decisiones deben cumplirse de inmediato y son definitivas. También advirtió que está en proceso de seguimiento y tomará acciones para hacer cumplir su orden.

Desde abril del año pasado, la corte ha rechazado en diez ocasiones el uso del conflicto armado interno como justificación para declarar estados de excepción. A pesar de estas advertencias, el gobierno no ha respondido ni ha presentado las justificaciones solicitadas.

El secretario Jurídico de la Presidencia, en su último comunicado, pide a la corte que reconozca que su sentencia no se puede ejecutar y que la declare sin efecto. La situación sigue generando tensión entre el gobierno y el poder judicial.

No obstante, el organismo advirtió que no se podrá sancionar a los electores porque para ello la infracción debe estar en la ley.

Con ocho votos a favor y uno salvado, la CC determinó que la medida no restringe ni limita el derecho al sufragio y argumentó que la resolución fue dictada por el organismo electoral “en ejercicio de su competencia reglamentaria para organizar, dirigir y vigilar de manera transparente los procesos electorales».

Asimismo, la Corte dispuso parámetros para la operativización de la resolución del CNE, entre los cuales constan:

· No afectar el derecho a la propiedad de los electores sobre tales dispositivos.

· Los hipotéticos efectos sancionatorios deben observar los principios constitucionales de legalidad, reserva de ley, proporcionalidad y el derecho al debido proceso.

· La difusión oportuna y adecuada a todos los inscritos en el registro electoral.

La jueza constitucional Alejandra Cárdenas emitió el voto salvado, en el cual sostuvo que la norma impugnada “no constituye una disposición meramente operativa, sino que el CNE habría creado una infracción electoral sin contar con la competencia para ello”.

Cárdenas consideró que la sanción prevista para la conducta prohibida resultaría desproporcionada y concluyó que dicha norma “vulnera tanto la reserva de ley como el principio de proporcionalidad”.

El pronunciamiento del máximo organismo de control constitucional se da frente a una acción de inconstitucionalidad que pretendía echar abajo esta restricción aprobada por el CNE el pasado 13 de marzo.